OFICIO No. 220-050190 DEL 05 DE ABRIL DE 2018. EL ACCIONISTA DE UNA SAS, PUEDE TENER EN FORMA SIMULTÁNEA UNA VINCULACIÓN LABORAL CON LA MISMA EMPRESA.

La Corte Constitucional mediante sentencia T-021 de 2018, reiteró los antecedentes jurisprudenciales emitidos por esa Corporación, y por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sobre la responsabilidad solidaria consagrada en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo.

Según lo expuesto, dicha figura tiene como finalidad proteger al trabajador ante la eventualidad de que un empresario pretenda realizar su actividad económica a través de contratistas independientes con el propósito de evadir su responsabilidad laboral. Si ese empresario termina beneficiándose del trabajo desarrollado por las personas que prestaron sus servicios por intermedio de un contratista, debe responder de manera solidaria por los salarios y prestaciones sociales a que haya lugar.

Para ello, -indicó- entre el contrato de obra y el de trabajo debe mediar una relación de causalidad que permita identificar si la obra o labor realizada por el trabajador hace parte de las actividades normales de quien encargó su ejecución; es decir, que este tipo de solidaridad no es de aplicación inmediata, pues debe existir una afinidad de las actividades sociales desarrolladas por el contratista y el beneficiario de la obra. Sin embargo, no puede exigirse exactitud e integralidad en tales objetos sociales, pues tal proceder desdibujaría la solidaridad, ya que en la práctica no se encuentra tal precisión.

Con fundamento en lo anterior, la Corte dejó sin efecto un fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Laboral, el cual -según la sentencia- incurrió en un defecto sustantivo al desconocer el precedente judicial trazado por la Corte Suprema de Justicia sobre la materia, y que ha sido acogido por la Corte Constitucional en su jurisprudencia, en virtud del cual i) el empresario que termina beneficiándose del trabajo desarrollado por las personas que prestaron sus servicios por intermedio de un contratista, debe responder de manera solidaria por los salarios y prestaciones sociales a que haya lugar; y ii) que debe existir una afinidad de las actividades sociales desarrolladas por el contratista y el beneficiario de la obra, sin que sea necesario exigir exactitud e integralidad en tales objetos sociales, pues tal proceder desdibujaría el concepto de responsabilidad solidaria.

De acuerdo con lo anterior, es importante que, al momento de celebrar contratos con terceros cuya ejecución involucre trabajadores, las compañías verifiquen la afinidad entre las actividades propias, y aquellas que desarrollará el contratista. Dicha verificación, de acuerdo a lo expuesto en la jurisprudencia reseñada, no debe limitarse a la comparación del objeto social, sino que debe apoyarse en un análisis más amplio. Lo anterior con el fin de analizar estrategias de tipo legal, que permitan anticiparse a la eventual extensión de responsabilidad solidaria por el cumplimiento de derechos laborales de orden salarial, prestacional e indemnizatorio, de los trabajadores del contratista, en instancias judiciales.

OFICIO 220-050689 DEL 09 DE ABRIL DE 2018. EL DERECHO DE PREFERENCIA EN LA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EN UNA SAS UNIPERSONAL Y LA FIGURA DE LA CESIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS Y CONTRATOS.

Cuando en una SAS exista únicamente un accionista, y siempre que continúe siendo el accionista único tendrá el 100% del capital social, bien sea que su participación aumente o disminuya. El derecho de preferencia en la suscripción de acciones únicamente tiene sentido en la medida en que se trate de una emisión y colocación de acción es en la cual hayan de concurrir dos o mas personas interesadas en suscribirlas. Ahora si al momento de emitir las acciones se contempla la posibilidad de ingresar un tercero, bien sea ante la negativa del único accionista de suscribir las acciones o bien de suscribir sólo una parte, lo cual puede suceder cuando el reglamento de colocación de acciones contemple la posibilidad de ofrecer acciones en segunda vuelta a terceros. En este evento aumentaría el número de accionistas en la Compañía y variaría el porcentaje de participación en el capital social que detentaba el accionista único.

En lo referente a la figura de la cesión de activos, pasivos y contratos, en las sociedades por acciones simplificadas, el artículo 32 de la ley 1258, consagra la figura de la Enajenación Global de Activos, la cual se configura cuando la sociedad enajena los activos y pasivos que representan el 50% o más de patrimonio líquido de la Compañía, la cual requerirá aprobación de la Asamblea de Accionistas con el voto favorable de la mitad mas uno de los accionistas. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial.

OFICIO 220-041474 DEL 20 MARZO DE 2018. MECANISMOS PARA DIRIMIR CONFLICTOS SOCIETARIOS.

En aquellos eventos en los cuales exista un conflicto entre la sociedad y alguno de los socios de la misma, y siempre que la sociedad no esté sometida a la vigilancia de otros organismos que cumplan los presupuestos para este fin establecidos, uno o mas de los asociados representantes de no menos del 10% del capital social o alguno de sus administradores, podrán solicitar la adopción de cualquiera de las medidas administrativas contempladas en el artículo 87 de la Ley 222 de 1995, entre ellas las practica de investigaciones administrativas, a las que habrá lugar cuando se pretenda verificar la ocurrencia de un hecho lesivo en contra de los estatutos o de la ley. Ahora si se trata de la verificación de la legalidad de las decisiones emanadas de los órganos sociales se tendrá en cuenta lo señalado en el articulo 191 del Código de Comercio, en el cual los administradores, los revisores fiscales, y los socios ausentes o disidentes podrá impugnar sus decisiones cuando exista mérito para considerar que no se ajustan a la ley o a los estatutos sociales.

OFICIO 220-041028 DEL 16 DE MARZO DE 2018. CONVOCATORIA MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL.

De conformidad con el articulo 424 del Código de Comercio, la convocatoria del máximo órgano se hará según lo dispuesto en los estatutos de la sociedad y a falta de estipulación mediante un aviso que se publicará en un diario de circulación en domicilio principal de la sociedad. Para establecer si la cobertura de un diario es nacional o diaria, se debe solicitar la certificación en tal sentido a la correspondiente casa editorial del periódico. Pero, si lo que estipulan los estatutos no es que el periódico sea de circulación nacional, sino que circule en el domicilio de la compañía, la convocatoria también podría publicarse en un diario local, a condición que su circulación sea diaria y que cubra el domicilio social, esto es, el municipio respectivo. Por tanto, no podría citarse a través de un diario que sólo circule en la capital del departamento, por más que el municipio en cuestión se encuentre ubicado dentro de esa misma circunscripción.

Radicación 2017-01-435743 13/08/2017

En lo referente al artículo 24 de la Ley 1429 de 2010, referente a las medidas tendientes a restablecer el patrimonio, que una sociedad debe adoptar dentro de un periodo de 18 meses después de haber entrado en causal de disolución, la Superintendencia de Sociedades resalta que dentro de dicho plazo o que debe cumplirse es la estructuración de acciones positivas dirigidas a restablecer el patrimonio, sin que se entienda necesariamente que la relación entre patrimonio y capital debe quedar totalmente superada dentro del plazo de 18 meses.